Si bien Chile es uno de los países que registra menos fallecidos en los desastres, es lamentable ver cómo los fenómenos de origen natural y antrópico afectan a sus habitantes, evidenciando los mismos errores en cada respuesta a emergencias. En enero los incendios forestales desbastaron más de 550 mil hectáreas, quemando pueblos enteros y en mayo, la zona norte fue embestida por los aluviones, destruyendo nuevamente decenas de hogares, sin mencionar los cortes de agua potable a más de 4 millones de personas producto de otros aluviones ocurridos en invierno en Santiago.
Aunque parezca absurdo, estas situaciones se vuelven lógicas si se analiza el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PENGRD) dirigido por ONEMI. En este instrumento se trabajaron los 5 ejes establecidos en el Marco de Acción de Hyogo de Naciones Unidas, que da recomendaciones para crear comunidades más resilientes y lograr la reducción del riesgo de desastres en los países: Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana; Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento; Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y Fortalecimiento de la Preparación ante los Desastres para lograr una Respuesta Eficaz. Así, se definieron en estos ejes metas que debieron haberse cumplido a diciembre de 2016. Sin embargo, a la fecha, se ha llegado a un 33% de ellas, dejando en evidencia la precaria Gestión de Riesgo de Desastres que se realiza en el país, con consecuencias negativas en las respuestas improvisadas que sólo buscan culpables en vez de soluciones reales.
Luego del terremoto del 27/F una comisión de Naciones Unidas visitó Chile para evaluar el estado de cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo mencionado anteriormente. La evaluación fue nefasta, no se había cumplido ni con el 30% desde que se firmó el tratado.
Con esto, queda demostrado que elaborar instrumentos de carácter indicativo no sirve si no se tiene un ente rector que fiscalice su cumplimiento. Si a esto sumamos que dicho instrumento no tiene financiamiento, es hablar de letra muerta.
Si bien existe un proyecto de ley que crea el Servicio de Gestión de Riesgo y Emergencias – que propone mejoras a la actual institucionalidad, subiendo de categoría de ONEMI a servicio – este debiese considerar los siguientes puntos: inyectar recursos a la base de la pirámide de la gestión del riesgo de desastres, los municipios. La nueva institucionalidad debe ser creada desde los gobiernos locales, entregándoles mayores recursos para realizar una verdadera gestión del riesgo. Este nuevo Servicio de Gestión de Riesgo y Emergencias debe tener la potestad suficiente en esta materia y voz y voto en la aprobación de instrumentos de ordenamiento territorial que regulen el uso de suelo donde existen riesgos de desastres, por ejemplo. A su vez, debería contar con la autoridad para controlar el cumplimiento de instrumentos como el PENGRD fiscalizando a los diferentes servicios y entidades públicas que se comprometen con acciones para reducir el riesgo.
Si el Estado de Chile no asume la responsabilidad de un país que por sus características geográficas requiere de instituciones fortalecidas, los sistemas frontales, terremotos y erupciones volcánicas seguirán ocasionando desastres, mientras los gestionadores de riesgos y emergencias sólo crearán instrumentos que no se cumplen ni se financian. Es decir, instrumentos que en la práctica no sirven.
