Desde el gran auge migratorio en los 90, Chile no ha hecho más que abrir sus puertas a los extranjeros, sin embargo, la Ley que busca regularla no ha variado desde 1975. Los derechos, deberes y seguridad de muchos se han vulnerados. Hoy el gobierno busca protegerlos.
La migración en Chile ha sido un tema desde hace ya varios años, pero a pesar de ello, nuestro país cuenta con una legislación que data de 1975 cuando se implementó en la Ley de Migraciones en Chile el Decreto Ley 1.094, que aborda esta temática desde un punto de vista más bien administrativo, pues se concentra en el derecho de extranjería, es decir, que se refiere a este tema respecto al ingreso y permanencia en el país, tipos de visas, sanciones administrativas, causales de expulsión, pero no el “derecho migratorio”, relacionado a los derechos de las personas migrantes, dejando completamente de lado el enfoque de los derechos humanos.
En conocimiento de ello, este lunes, la presidenta Michelle Bachelet presentó un nuevo proyecto de migraciones, que busca transparentar estos procesos, para lo cual se establecerá la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, que estará a cargo de la Subsecretaria del Interior. La iniciativa busca normar el cumplimiento de derechos y deberes; la regulación del ingreso y salida e instauración de nuevas categorías de migración; procedimientos administrativos sancionatorios y un sistema nacional de política migratoria.
¿Pero qué tan obsoleta estaba la legislación?, es lo que analizamos con especialistas de la Universidad Bernardo O’Higgins.
En este sentido Marisol Águila, periodista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala “Tiene una mirada restrictiva de derechos y se enfoca desde la desconfianza y seguridad, por lo que, Chile requiere una nueva legislación desde el enfoque de Derechos Humanos”.
Respecto a los tratados internacionales a los que Chile se adhiere, destaca la Convención sobre los Derechos de Trabajadores Migratorios y sus Familias, la que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y entró en vigor en 2003, siendo ratificada por nuestro país en 2005, con esto el Estado se ve en la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos consagrados en este instrumento.
En este ámbito Águila señala que ha habido mejoras notorias en diferentes áreas, como por ejemplo en educación, salud y vivienda, pues “se han hecho importantes avances, pero considero que la gran alerta está en materia de trabajo, en general ya hay mucha vulneración de derechos y de precarización a nivel de los nacionales y eso sin duda se multiplica a nivel de los extranjeros que muchas veces tienen remuneraciones más bajas, sin contrato y en situaciones muy irregulares”.
Dentro de los avances en Salud, se puede destacar por ejemplo, el decreto 67 publicado en 2015 y en el que el Ministerio de Salud permite que las personas migrantes carentes de recursos puedan ser considerados beneficiarios del Régimen de Prestaciones de Salud (FONASA). Además, en esta misma área, se incorporó como medida que en el caso de los niños y adolescentes, hijos de padres en situación irregular, puedan acceder a ser beneficiarios del régimen por sí mismo, aun cuando no sean carga de un adulto.
Respecto a los cambios en educación se avanzó en la eliminación del número provisorio 100 millones que se le otorgaba a los niños hijos de extranjeros, entregando como nueva medida un Identificador Provisorio Escolar (IPE), esta determinación del Ministerio de Educación, se hace efectiva a través de las Oficinas de Atención Ciudadana que desde enero de 2017 entrega el IPE a todo migrante que no cuente con cédula de identidad chilena y quiera incorporarse al sistema escolar.
En vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementó cambios en sus programas, como por ejemplo, en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda y Subsidio Habitacional, eliminando el requisito de 5 años de antigüedad que debía tener el Certificado de Permanencia Definitiva, además, en el Subsidio de Arriendo se reemplazó el requisito de permanencia definitiva, por la exigencia de cédula de identidad nacional para extranjeros.
El mayor problema que enfrentan los migrantes hoy es la búsqueda de oportunidades laborales, las que suelen ser limitadas o bien, por desconocimiento, los llevan a ser víctimas de contratos irregulares. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de Trabajadores Migratorios y sus Familias establece en su artículo 25 que “los migrantes en Chile gozarán del mismo trato que reciben las y los nacionales del país en que se encuentran respecto a la remuneración y otras condiciones de trabajo y de empleo”.
Para la Directora (i) de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O’Higgins, Regina Díaz, es urgente la creación de una nueva ley de migración que “permita dar soporte estable a una política migratoria basada en un enfoque de DDHH, que no solo debiese preocuparse de los derechos sociales de los migrantes (salud y educación), sino de las situaciones de discriminación, racismo y xenofobia; condiciones laborales abusivas; la creación de sistemas de información no sólo para ellos, sino también para los nacionales del Estado de acogida, de manera tal de avanzar en materia de educación y cultura de tolerancia, entre otras”.
Díaz además aseguró que actualmente el sistema jurídico chileno no se ajusta a los cánones básicos exigidos para garantizar los derechos de los migrantes, ya que “el ejercicio de estos se ven muy limitados debido a la falta de una institucionalidad que los proteja de manera adecuada”.
Para establecer una nueva legislación, la Directora (i) de la Escuela de Derecho señala que “No sólo se requiere voluntad política para la creación de una nueva ley con enfoque de derechos humanos y capacidad financiera del Estado para implementarla, también es necesario contar con una institucionalidad que garantice su aplicación efectiva en la práctica”.
¿Cómo se pueden asesorar los migrantes?
Existen varias iniciativas de la sociedad civil que contribuyen a aminorar esta desinformación de los migrantes y les brindan asesoría legal gratuita como: las clínicas jurídicas de algunas universidades, organizaciones que ellos mismos han constituido, e incluso agrupaciones religiosas.
Algunas de estas iniciativas son la Clínica Jurídica de la Universidad Bernardo O’Higgins, el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), el Centro Integrado de Atención al Migrante (CIAMI), Ciudadano Global – Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados (SJM), Universidad Alberto Hurtado, Clínica Jurídica de la Universidad Católica Silva Henríquez, Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, Fundación Instituto de la Mujer (FIMU), Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP), entre otros.
Mientras que en el ámbito público pueden acercarse a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) de las Municipalidades.
