Según un estudio USS realizado el primer semestre de este año, en Chile existen 4,4 millones de ciudadanos con algún tipo de morosidad, con un monto deuda promedio de 2 millones de pesos. De acuerdo con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, más de 5700 personas se han acogido a esta ley para regularizar su situación financiera.
En una sociedad como la nuestra, donde los productos financieros como los créditos de consumo, los avances en efectivo y las tarjetas de crédito, se obtienen cada vez más fácilmente, el endeudamiento se hace una realidad. Son millones los chilenos que lidian día a día con las deudas, muchos de ellos teniendo incluso que declararse en quiebra.
Desde 2014 se encuentra en vigencia la Ley 20.720 o Ley de insolvencia y reemprendimiento, que permite a empresas y personas naturales declararse en quiebra, con el fin de llegar a un acuerdo con los acreedores y reincorporarse rápidamente al sistema financiero.
El abogado y académico de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Bernardo O’Higgins, Raúl Romero, señala que esta normativa fue pensada, en primera instancia, para mejorar la competitividad de las PYMES, dándoles a los emprendedores la oportunidad de levantarse rápidamente y volver a los negocios.
“Lo novedoso de esta legislación, es que sumó como sujeto posible a la persona natural no empresa, que puede ser asalariado o independiente, dándole la oportunidad de optar a un procedimiento de renegociación de sus deudas o a la liquidación de sus bienes, para dar un fin definitivo a sus compromisos con los acreedores”, comentó el jurista.
¿Cómo funciona?
La ley 20.720 funciona a través de dos procedimientos: la renegociación de los pasivos o la liquidación de los bienes.
La primera, permite a los morosos mejorar su situación de deuda, a través de la mediación de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, donde se pueden pactar nuevas condiciones de pago, más favorables para el moroso, llegando incluso a recibir rebajas en los montos adeudados.
Por otro lado, se encuentra la liquidación de bienes, donde la persona natural tiene la oportunidad de saldar su deuda, entregando sus bienes a las instituciones. En este proceso, la deuda queda
completamente saldada, sin importar si el valor de lo vendido es menor al compromiso adquirido con el acreedor.
Según comenta Romero, es importante destacar que “estos proceso se extienden por 9 meses aproximadamente, donde el deudor moroso se encuentra protegido de acciones legales, lo que reduce la presión en la persona y permite llevar negociaciones tranquilas. También cabe destacar que, luego de terminado cualquiera de estos procesos, la información comercial del sujeto queda limpia, desapareciendo de las bases de datos y boletines comerciales”.
¿Y si no quiere hacer ninguno de estos procedimientos?
A lo largo de los años, se ha instalado la idea de que los compromisos adquiridos con instituciones financieras prescriben, es decir, que luego de un tiempo se “eliminan”, lo que es falso.
“Que el acreedor deje de contactar a una persona morosa, no significa que la deuda haya prescrito, solo significa que el consignatario no tiene las opciones legales para hacer efectivo el pago. Hay casos donde veinte años después de la adquisición del compromiso se ha demandado al deudor y zanjado la retribución de los pasivos”, comentó el abogado.
Además, si un ciudadano no se ampara en la quiebra corre el riesgo de ser embargado judicialmente. A diferencia del proceso de liquidación de bienes, en el embargo judicial los saldos restantes de una deuda no se condonan, es decir, que si la propiedad del moroso no alcanza para cubrir la totalidad del monto adeudado, puede seguir endeudado con el acreedor.
Desafíos para el futuro
En cuanto al mejoramiento de esta ley, el académico perteneciente a la Escuela de Ingeniería Comercial señaló que “un aspecto a mejorar de esta legislación, tiene que ver con el apoyo después de terminado el proceso de quiebra. Porque aquellos sujetos o empresas que han renegociado o liquidado sus bienes ‘quedan marcados’, dificultando su reintegración en el sistema. Esto porque el mercado financiero chileno es bastante pequeño, entonces existen pocas instituciones que estén dispuestas a prestar capital a personas que hayan pasado por una quiebra”, comentó.
Además, el profesor hizo hincapié en la falta de educación financiera para las personas con el fin de romper el círculo vicioso del endeudamiento.
“Es imperativo tener un mayor nivel de educación financiera, porque a pesar de que esta ley ayuda a la reinserción de las personas en el sistema económica, no rompe con la cultura del endeudamiento. Entonces, una persona puede salir de sus deudas y comenzar desde cero, pero eso no nos asegura que este sujeto no volverá a endeudarse a niveles incluso mayores. Por eso se debe invertir en educación financiera, para romper la cultura del endeudamiento y la morosidad”.
