Al final, el ministro Campos tenía sus agallas.
En un paisaje dominado por el temor serval a parecer desleal, cuya expresión más acabada es la figura sigilosa del funcionario obsecuente, el antigüo ministro de Justicia ha osado perpetrar un desafiante desacato a la autoridad presidencial. Probablemente, no ha querido convertirse en ese sombrío magistrado de la sátira atribuida al gaditano José Joaquín de Mora, en la que “el uno cubiletea y el otro firma no más”. El primero –el jugador de dados-era Diego Portales, premieromnipotente; el segundo, el comedido presidente de Chile José Tomás Ovalle. Se dice, y no sé el fundamento de tal afirmación, que Ovalle enfermó mortalmente del hígado ante la deshonra de reconocerse cual un puro amanuense de Portales. Campos, seguramente quiso evitarse el mismo escarnio público y preservar la salud de su órgano hepático.
Puede que ese ademán del anterior secretario de Justicia deba mucho a su temperamento colérico, personalista y rayano en la altanería. Pero habría que añadirle las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos y la información de la cual disponía el bilioso ministro de estado para entender mejor sus decisiones. Sin embargo, cualesquiera sean los fundamentos de esa rebeldía, sentó un precedente inédito al interior de un gobierno caracterizado, a nivel de ministros, subsecretarios y asesores, por la mansedumbre pastoril.
En realidad, Campos ya había hecho una concesión a ese clima de subordinación generalizado una vez que le obligaran a retirar el nombramiento, con su acuerdo, del abogado Alberto Ortega como notario de San Fernando, y suplirlo, impensadamente, por el del ex fiscal Luis Toledo. El hombre encargado, ayer no más, de conducir la investigación penal del “caso Caval”, cuyo foco han sido los ademanes financieros del hijo y la nuera de la presidenta. El ministro afectado debió resignarse al bochorno adicional de verse obligado a retirar el decreto de toma de razón, cursado a la contraloría, para hacer un injerto de jardinero –Toledo por Ortega- sugerido “de orden superior”, según propia confesión.
Después de eso, pedirle a ese mismo ministro belicoso que repitiera el desatino era una insensatez. La gravedad francmasónica de Campos, su prestancia de penalista y por último su carácter no lo permitirían. Entendía que los intervinientes en tamaño negocio sacrificarían inútilmente todo asomo de seriedad. El nombramiento amañado de Toledo lo había puesto muy cerca de perderla y, considerando el talante y rasgos del personaje, difícilmente se allanaría este a prestarse a un nuevo acto de vasallaje.
El huracán de críticas levantado por el desaguisado de la notaría de San Fernando, que incluyó un duro cuestionamiento a la imparcialidad y probidad de Toledo formulada por la misma Asociación de Fiscales, eran suficiente para desalentar a cualquiera dotado de un asomo de prudencia política. Reaparecía el agujero negro de Caval y nadie en sus cinco sentidos querría sentarse cerca de ese vórtice fatídico. Pedirle a Campos, a pocos día de finiquitada la vilipendiada gestión relacionada con el nombramiento de Toledo, que participara en otra maniobra improvisada y de secuelas imprevisibles, constituía un extravío. Un pusilánime lo habría tolerado sin chistar; él no.
Un antecedente, hay, empero, que remozó la seguridad de Jaime Alfonso Campos. En ella, llamativamente, se ha reparado poco. Si la cronología de estas rarísimas incidencias, aportada por el mismo, es correcta, el ministro en cuestión, algo antes de su desacato final se había opuesto a rajatablas –sin exponer abiertamente los motivos- a suscribir el decreto de indulto, autorizado por la rúbrica de Michel Bachelet, del frentista Jorge Mateluna, condenado en tribunales a una cadena de 16 años de cárcel. La jefa de estado, extrañamente, no recurrió en la ocasión al expediente más corto que sus facultades le permitían para zanjar el reto lanzado por su subalterno; o sea, destituirlo del cargo, designar en su lugar al subsecretario de la cartera y, sobre la marcha, seguir adelante con las medidas adoptadas. Ese sencillo mecanismo de ajuste resolvía el intríngulis, en cuanto le permitía tumbar dos aves escurridizas de una sola descarga. El suplente le habría garantizado la firma del decreto de indulto y, enseguida, la de aquel que resolvía el destino de Punta Peuco. Por qué Bachelet, pudiendo, no siguió esta vía, es cosa que ella misma debería explicarle al país. Campos ha hecho mutis por el foro. Mas el sábado y el domingo en la mañana, cuando la cúpula de la Moneda intensificó su presión sobre él para proceder al cambio de estatus de la prisión militar, ya sabía que la presidenta de la república no lo destituiría de la cartera si se resistía a obedecer el nuevo requerimiento. Dado que no lo hizo antes, cuando se negó a visar el indulto de Mateluna, no lo haría ahora si hacía lo mismo con la disposición concerniente a Peuco. La mandataria no lo iba a remover a la rápida durante el último weekend del régimen.
Bachelet sabía que no podía ni debía hacerlo. Pedirle la renuncia a un ministro notorio de un gobierno que prácticamente ya no existe se parecería al sin sentido. Hacerlo a esa altura habría transformado el sainete en una comedia de Aristófanes. En tal escenario, cualquier idea de racionalidad política asociada a la figura de la mandataria se habría disipado para siempre, a un costo irremontable para la virtud de su legado. Con el agravante de convertir a Campos en un héroe cívico por oponerse a firmar un decreto sacado apresuradamente de la chistera; por lo demás, de tortuoso e impredecible destino legal. En ese contexto, el ministro rebelde habría terminado por aparecer como el único personaje cuerdo en el seno de un poder ejecutivo que había perdido, a última hora, ese atributo. Demasiado.
Así y todo no nos mintamos. El problema de fondo no es Campos sino Bachelet. Acusar a éste de alta traición y deslealtad a la presidenta es intentar, torpemente, exculparla de cargos y ocultar su honda incumbencia en este insólito entremés. Fue ella quien impuso desde la primavera de 2015 el tema del cierre de la penitenciaría alzada en Peuco. De haber poseído la voluntad y el temple para hacerlo pudo consumar expeditivamente el fin legal de este recinto entre septiembre de aquel año y el 1 de marzo de 2018. Las razones para evadir esa resolución las conoce estrictamente ella y habrá que esperar para escucharlas. De cualquier forma, tiempo tuvo. Dos años y medio es un margen suficiente como para haberla consumado debidamente. Si no lo hizo, no es por culpa de Campos.
De esta guisa terminó una administración civil en cuya pulcra fotografía final el gabinete en pleno le sonríe blandamente a la lente sensitiva de las Canon. Incluido el ministro que acababa de infringirle, dos horas antes, un agravio y una derrota política sin precedentes en la historia chilena a su propia presidenta, y durante un cambio de mando.
Eduardo Téllez Lúgaro
Académico de la Universidad Bernardo O’Higgins
