Considerando que el mundo del libro se encuentra en una constante decadencia, no deja de ser interesante el constatar que la temática de la educación estimula la creatividad de algunos autores (de diverso estilo y estatura), y es capaz de mover las prensas editoriales, con lo cual se conforma un pequeño, mas no depreciable, ambiente de debate y polémica, el cual fija contornos y sustancias en torno al tema.
En este sentido, podemos remontarnos al año 2011 (podríamos haber comenzado antes o después de esta fecha, pero parece interesante dada la efervescencia social que se vivió por aquel entonces), un grupo de profesionales procedentes de la economía, asociados al Instituto Libertad y Desarrollo, publicó un libro bajo el sugerente título de La buena educación. Era el comienzo del primer gobierno de Sebastián Piñera y se entiende que su círculo más cercano se esforzara en producir un refuerzo comunicacional desde el mundo de la palabra. Bajo la lógica de evitar las consignas y proponer desde la argumentación, Rodrigo Troncoso, María Paz Arzola y Rosita Camhi, se encargan de refutar cualquier propuesta que pudiera tender a la modificación del principio de libertad de enseñanza, consagrado a nivel constitucional, en especial en lo relativo a la elección de colegios por parte de los padres, además de criticar la idea de poner fin a la educación particular subvencionada, y de sostener la lógica del lucro en educación en tanto ello no tendría que ver con los resultados obtenidos por los estudiantes una vez egresados del sistema de educación, además de desvincular la lógica innegable de la segregación educacional y social, de los resultados académicos obtenidos.
Con una sincronía propia de la literatura de urgencia, pero en este caso acompañada por alta calidad, pocos meses después de aparecida aquella obra, el abogado Fernando Atria, publica La mala educación. En sus casi doscientas páginas se encarga de contradecir lo que en sus palabras corresponde a una serie de “lugares comunes falsos” relativos a la educación en Chile: que la libertad de elección de las escuelas solo es sostenible mediante el sistema en boga, que la gratuidad es injusta per se, aspectos del papel de la familia en la toma de decisiones en educación y otras tantas relativas al lucro, y el aparente conflicto existente entre libertad e igualdad, entre otros. Luego de ello realiza un análisis del mercado de la educación, criticando la privatización del Estado en su rol educador, la excesiva segregación del sistema chileno, y concluye por (re)instalar a la educación en el ámbito de lo público, “como un derecho y no como un bien de consumo”.
Pocos años después, en 2014, el mismo Atria publica Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público, obra centrada en el “cambio de paradigma” o idea ejemplar, que detecta en relación a la reconfiguración y debate alusivo al espacio público y su vínculo con la educación, y que incorpora el análisis del proyecto de reforma educacional estructural presentado por el (segundo) gobierno de Michelle Bachelet, el cual plantea el fin de la selección, del lucro en la educación, y el retorno al régimen público (los principios eje de la política pública instalada entre los años 2014 y 2018, actualmente vigentes). El nervio central del texto se encuentra en su capítulo VI, dedicado a la educación en cuanto derecho social, contexto en el que el proveedor de educación debiera hacerlo por su interés hacia el ciudadano, de un modo irrenunciable, y a través de protocolos públicos sin discriminación alguna. En la lógica de Atria, la educación se opone lisa y llanamente al paradigma mercantil.
El debate a través de la literatura continuó al año siguiente (2015) con la publicación de La educación en la encrucijada. ¿Estado docente o sociedad docente?, nueva obra de LyD, esta vez del economista Cristián Larroulet y del periodista Jacinto Gorosabel, en clara respuesta a la reforma educacional encabezada por el gobierno de la Nueva Mayoría. Por medio de ingentes esfuerzos retóricos, la obra abre sus fuegos analizando “el mal desempeño del Estado docente”, para luego analogar la reforma de Bachelet al retorno de lo que consideran es el mismo mal. La propuesta principal consiste en la conservación del statu quo, lo que entienden como “sociedad docente”, donde conviven escuelas públicas y privadas, de diversa raigambre (filantrópicas, sociedades comerciales, religiosas, laicas, de diversa adscripción ideológica), con el solo requerimiento de respetar la legislación vigente, cumplir con criterios de calidad, y contar con la preferencia de los padres.
Ese mismo año aparece El gran experimento. Mercado y privatización de la educación chilena, del sociólogo Cristián Bellei, obra que se articula en torno a la crítica a los tres mecanismos esenciales que han dado vida a la mercantilización de la educación chilena: elección de la escuela, régimen de competencia, y privatización, elementos que combinados han aumentado las brechas de inequidad educativa, lo que se manifiesta en el altísimo nivel de segregación social y educacional, en un desigual logro de metas académicas, y en el aumento de las prácticas de exclusión.
El debate académico en torno a los temas educativos continuó en pie. En 2016, nuevamente LyD irrumpe en la escena, esta vez con la obra Educación: una transformación pendiente. Pingüinos, patines y gratuidad, del ex líder estudiantil, egresado de la carrera de Derecho, y otrora candidato a parlamentario, Julio Isamit. En la obra, que a partir de su subtítulo busca claramente provocar (práctica propia de la literatura), el autor, que apela a la reconstrucción de la memoria vivida, mal que mal es uno de los pocos líderes pingüinos (2006) que se mantienen en el espacio público, usa y abusa de términos como educación justa y de calidad, libertad de enseñanza, subsidiariedad del Estado, además de plantear un franco y decidido cuestionamiento a la reforma educacional puesta en curso por Bachelet, en especial a aspectos tales como el fin al lucro, a la selección, y a la provisión mixta con recursos del Estado.
En la misma tónica que el libro anterior, se encuentra Una oportunidad perdida. La reforma bajo la Ley de Inclusión, obra de 2017, del abogado Leonardo Jaña y el economista Nabor Carrillo. En ésta se plantea una defensa del sistema mixto de educación en tanto manifestación del principio de libertad de enseñanza, contextualiza la reforma impulsada por Bachelet, analiza la Ley N° 20.845, que pone fin al lucro a instituciones que reciben aporte estatal, a la selección y al financiamiento compartido, para concluir con la confirmación de que “el gobierno de la Presidenta Bachelet en el período 2014-2018 ha pretendido desmantelar por completo el sistema mixto de educación escolar que tiene su origen en los albores de la república chilena”.
Ciertamente, el debate no acaba ahí, sino que en pleno 2018 continúa agitando las prensas locales. En buena hora se sigue pensando y escribiendo. Solo se echa de menos la palabra de los profesores (¿falta de espacio, de recursos, de interés?), es decir de aquellos que, día a día, articulan in situ las políticas educativas, las que por momentos tan en el cielo parecieran estar. Como sea, la palabra nos revitaliza: Aún tenemos patria.
Francisco Ocaranza Bosio
Director Escuela de Historia y Geografía
Miembro del Programa de Doctorado en Educación
Universidad Bernardo O’Higgins
