Durante las últimas semanas, hemos visto que se han desplegado diversas iniciativas en torno a los temas de niñez. Por una lado, el llamado acuerdo nacional por la infancia y las reformas al Servicio Nacional de Menores (SENAME). Diversos reportajes periodísticos y estudios científicos han mostrado las paupérrimas condiciones de vida en las residencias y las dramáticas cifras de muertes exigen urgentemente nuevas políticas públicas para las niñas y los niños vulnerados en sus derechos, quienes generalmente son los más pobres de nuestro país. Luego, se anunció el compromiso nacional para atacar la pobreza; de hecho, la Encuesta CASEN 2017 volvió a constatar que más de la mitad de las niñas y los niños de Chile pertenece al 40% más pobre de la población y un 49,7% ha presenciado actos de violencia en sus propios hogares. Por último, se presentó con suma urgencia el proyecto Aula segura, como una respuesta a casos de extrema violencia que han perpetrado adolescentes en contra de la autoridad escolar o policial. Evidentemente, este tipo de actos deben ser sancionados. No obstante, se critica que se intente equiparar un problema local de un puñado de liceos de la comuna de Santiago, con una serie de situaciones de violencia que se viven -o se padecen sus consecuencias- en las comunidades educativas de otras comunas y regiones del país, como el bullying entre pares -el bullying racista podría ser el principal problema en el mediano plazo-, el maltrato infantil en las familias, el acoso sexual, el uso de drogas, entre otros.
Cuando se diseñan estrategias como Aula segura, reforma al SENAME o el pacto contra la pobreza resulta oportuno preguntarnos sobre el concepto de sujeto infantil que se tiene en mente: ¿Las niñas, los niños y adolescentes son vistos como pequeños ángeles que la sociedad debe cuidar o como pequeños demonios de los cuales la sociedad debe cuidarse? ¿Cómo sujetos de derechos o como menores de edad incapaces e inmaduros? El sociólogo inglés, Chris Jenks, nos dirá que en las sociedades modernas el sujeto infantil es visto con ambivalencia y contradicción, de allí que se crean políticas de cuidado y promoción de derechos para ciertas infancias, pero, al mismo tiempo, se crean políticas de castigo y expulsión para otras.
Además, pareciera que cada una de estas iniciativas se han llevado a cabo por separado, focalizando su acción, como si fueran asuntos que no estuvieran relacionados entre sí o como si solo se quisiera responder a la contingencia con medidas aisladas e improvisadas, sin tener una agenda de infancia global. Personalmente, siento que esta forma no es casual, demuestra justamente la falta de una política pública integral. Quienes hemos trabajado con la infancia más vulnerabilizada, conocemos tantos casos de estudiantes pobres que viven a diario contextos de alta violencia y que son expulsados del sistema escolar, por diversas razones; a veces, son atendidos en programas del SENAME, con paradigmas anquilosados y escasos recursos económicos, profesionales y de infraestructura, reproduciendo, así, un círculo vicioso de pobreza y violencia intergeneracional, si bien hay experiencias de superación, las oportunidades son más bien pocas.
Por ello, se requiere urgentemente una política pública de infancia integral, con recursos económicos, legitimidad política y articulación intersectorial, que conciba a las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, con acciones que promuevan su protección y, a la vez, su participación en la vida social, abordando el fenómeno de una manera compleja y moderna.
Iskra Pavez Soto
Investigadora Centro de Estudios Políticos Culturales y Sociales de América Latina
